El Senado y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abogaron por la urgencia de procesar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras domésticas.Luego de que la película Roma —que trata, entre otras cosas, de la relación entre una familia de clase media y su empleada doméstica— ganara tres premios Oscar, Batres afirmó que se debe aprovechar la coyuntura para no retrasar la discusión del tema.
“(Roma) toca un tema sensible del que ya hemos hablado, que es el relacionado con el reconocimiento del trabajo en el hogar, los derechos”, dijo.
Estamos esperando que nos envíe el Presidente de la República el convenio 189 sobre derechos de trabajo doméstico, lo envíe al Senado para que éste lo pueda ratificar de inmediato. Estamos listos”, dijo el presidente del Senado, el morenista Martí Batres.
En el Senado, está pendiente de discusión en comisiones una iniciativa suscrita por las bancadas más numerosas (Morena, PAN, PRI y MC), que incluye definiciones del tipo de trabajadoras domésticas: de planta, de entrada por salida y de múltiples empleadores.
También prohíbe la contratación de menores de 15 años de edad, además de la obligatoriedad de un contrato por escrito, que establezca la duración del mismo, la remuneración que recibirá el trabajador y cómo se calcula ésta, además de las horas que deberá trabajar.
Incluye también la obligatoriedad de señalar sus periodos vacacionales, y si se le darán alimentos, así como el tipo de herramientas que se le proveerán para realizar sus actividades, entre otras cosas.
Esta iniciativa —que implica modificar la Ley Federal de Trabajo y que se encuentra pendiente de análisis— incluye también el pago de horas extra, además de que en ningún caso se les podrá pagar menos de dos salarios mínimos vigentes.
El director del IMSS, Germán Martínez, también se pronunció a favor de la justicia laboral para este sector.
El IMSS actualmente cumple un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le obliga a instituir un programa piloto para facilitar el registro de trabajadoras domésticas para que puedan acceder a la seguridad social pagada por sus empleadores.
